La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) condena enérgicamente los hechos ilícitos que afectan a la empresa Desarrollos Madereros S.A, en el Departamento de Alto Paraná.
La misma, desde el año 2019, viene sufriendo la invasión de su propiedad, así como el hostigamiento permanente de parte de un grupo campesino, apoyado por algunos políticos inescrupulosos que están poniendo en riesgo una importante inversión internacional con fines de proselitismo o corrupción pura.
Todo esto se da a pesar de haberse comprobado en diferentes instancias que las tierras pertenecen legítimamente a la empresa y no generan conflicto alguno con otros inmuebles colindantes, según comprobó el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Desarrollos Madereros S.A – asociada a la Fepama- es propietaria en Paraguay de varias fincas ubicadas en los Departamentos de Caazapá y Alto Paraná. Todas fueron adquiridas entre los años 1996 a 1998 y entre ellas están bajo invasión y amenaza constante más de 1.500 hectáreas, hecho que interfiere incluso en su sistema de producción.
Hay que destacar que esta empresa, dedicada a la producción forestal, agrícola y ganadera, constituye hoy día una de las principales proveedoras de materia prima para el sector maderero nacional, por lo cual esta situación por la que atraviesa pone además en riesgo a la industria local.
Desde de la Fepama, en carácter de urgencia, solicitamos a todas las instituciones del Estado, encargadas de velar por la seguridad jurídica, a tomar las medidas y recaudos necesarios a fin de dar cumplimiento irrestricto a las leyes de la Nación.
De la misma manera, instamos al Gobierno Nacional a brindar las garantías necesarias para seguir trabajando y resguardar estas importantes inversiones que se realizan en el país, evitando así dejar un nefasto antecedente que en el futuro podría poner en riesgo otras inversiones en el sector.
RELATORIO
Las propiedades de la empresa Desarrollos Madereros se encuentran en el Departamento del Alto Paraná, dentro de los distritos de Hernandarias y Minga Guazú.
En agosto de 2019 un grupo de campesinos de la Colonia Toryvete invadió la propiedad de la empresa, ocupando una zona de bosque nativo y otras áreas cultivadas, además impidiendo continuar con las actividades agrícolas y forestales que se desarrollan en el predio.
En total, están en conflicto 10 fincas en el distrito de Hernandarias que abarcan más de 1.500 hectáreas.
En un principio, la empresa optó por el diálogo a través de sus representantes para una solución pacífica como primera instancia.
Luego de semanas de dialogo y no habiendo acuerdo se recurrió a los instrumentos legales correspondientes. Fue así que que se llegó a la instancia judicial, presentando una denuncia contra personas innominadas en el Ministerio Público, cuya agente fiscal interviniente es la Nathalia Montanía, quien ha desarrollado desde ese momento un sinfín de diligencias, entre ellas, una solicitud de informe de la situación de los inmuebles a la Dirección General de los Registros Públicos y también a la Dirección del Servicio Nacional de Catastro.
Todos estos informes solicitados fueron agregados a la carpeta fiscal que demuestran la titularidad de dichos inmuebles como asimismo la ubicación física geográfica.
Por otro lado, se solicitó al INDERT un informe y también quedó demostrado que dicho inmueble tampoco figura en sus registros, por no haber pertenecido a la institución.
De la misma manera, el INDI hizo un estudio y análisis y se corroboró que los títulos de estos inmuebles presentados no son colindantes entre sí y que no afectan al área perteneciente a la comunidad indígena Acaraymi, en Hernandarias.
Teniendo en cuenta todos estos informes, la Fiscalía resolvió disponer el cese del hecho punible, fijando fecha del procedimiento para el 12 de marzo de 2020, pero esta acción no pudo concretarse debido a la irrupción de la pandemia del Covid-19.
Luego fue fijado nuevamente para el 02 de julio de 2020 este procedimiento, pero tampoco pudo concretarse por falta de acompañamiento de las fuerzas del orden público (Policía Nacional).
Es importante mencionar que la empresa se vio obligada a plantear acción judicial, a consecuencia de los constantes hostigamientos por parte de los integrantes de este grupo campesino.
En ese sentido, se ha planteado un Amparo Constitucional c/Personas Innominadas, sobre el total del área afectada, consiguiendo así una medida cautelar de resguardo y protección, asimismo, se planteó Interdicto de Recobrar la Posesión en otro sector del inmueble.
