La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) manifiesta su adhesión al pronunciamiento realizado esta mañana por 60 gremios nucleados a la Unión Industrial Paraguaya (UIP) sobre el proyecto de ley que pretende elevar las penas carcelarias por los cierres de rutas.
Básicamente, la postura asumida es que los habitantes de esta Nación “no pueden ser rehenes permanentes, y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio del derecho a desplazarnos libremente por todo el territorio nacional»
Sobre este punto, el presidente de la Fepama, Don Raúl Legal Duarte, manifestó que el sector forestal – al igual que los demás sectores- también se vio afectado por el cierre de rutas, sufriendo cuantiosas pérdidas al no poder disponer de materia prima y no poder cumplir con los contratos de exportación.
A continuación el comunicado dado a conocer por los empresarios durante la conferencia de prensa:
LEYES FIRMES PARA GARANTIZAR DERECHOS BÁSICOS
Los gremios de los diferentes sectores productivos nos dirigimos a la Opinión Púbica y a las autoridades del país para manifestar y reiterar nuestra voluntad de defender al Paraguay pujante y soberano, y decir, sin ningún preámbulo, que los habitantes de esta nación no podemos ser rehenes permanentes, y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio de nuestro derecho a desplazarnos libremente por todo el territorio nacional.
Esta no es una discusión si los ciudadanos tienen o no derecho a protestar, como interesadamente algunos sectores lo plantean. Es una discusión en torno a si vamos a seguir permitiendo – ergo, si las INSTITUCIONES DEL ESTADO, van a seguir permitiendo- o no, que un grupo de personas coaccionen al resto de los paraguayos, provocando peores crisis de las que ya tenemos.
Hoy, ante este escenario necesitamos reactivar la economía y esto solo es posible trabajando y que cada paraguayo pueda llegar a su destino con absoluta normalidad para el desempeño de su jornada, ya sea laboral o para situaciones vinculadas a la salud, la educación o de otros ámbitos.
No es aceptable que algunos sectores, enarbolando la bandera del derecho a manifestarse, obvien las garantías constitucionales de los demás ciudadanos. El libre tránsito, así como todos los derechos y garantías constitucionales, no pueden ser objeto de discusión alguna. TODOS DEBEMOS RESPETARLA EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
Nos están llevando al ridículo al pretender instalar que cada reivindicación solo puede lograrse a través del perjuicio a los demás y hasta de la violencia, subestimando totalmente la capacidad que tenemos los paraguayos de dialogar y dirimir nuestras diferencias para construir una sociedad más justa.
En el marco de lo que estamos señalando, sostenemos que el Proyecto de Ley que aumenta las penas por impedir el libre tránsito y coaccionar a los ciudadanos que no participan de la protesta, es un instrumento válido de política pública que los sectores aquí representados apoyamos y defendemos con convicción. Pedimos al Poder Legislativo considerar esta propuesta que será de suma importancia para el país.
Cuando los voceros de algunas organizaciones se burlan del sentido común de la gente, hay que preguntarse qué tipo de liderazgos queremos para nuestro país. Aquel que fomenta el trabajo, la formalidad y las inversiones o aquel que promocione un modelo de permanentes desestabilizaciones económicas y confrontaciones innecesarias.
Resulta hasta vergonzoso tener que estar discutiendo sobre estos temas, pero nos vemos en la necesidad de hacerlo porque estamos frente a un grupo de agitadores que está llevando el tema por un rumbo de violencia y polarización en menosprecio de la Constitución.
Reiteramos, el Proyecto de Ley en referencia se constituirá en un valioso instrumento de política pública que el Paraguay necesita de forma urgente para garantizar la previsibilidad, atraer inversiones, generar empleos dignos y proyectar un desarrollo social y económico sostenible. Sin esto, nos queda la informalidad y el aumento de la delincuencia.
Seamos claros. No permitamos que la IRRACIONALIDAD de algunos sectores nuble nuestro propio juicio sobre lo que aquí sucede. Estamos en una situación económica muy incidida por factores exógenos; no es culpa de los actores económicos, de la sociedad ni del Gobierno que los precios internacionales de los derivados del petróleo hayan subido últimamente, tampoco que la sequía haya afectado severamente la producción, y, por ende, el volumen de trabajo.
SEAMOS RAZONABLES TODOS
Sobre todo, no permitamos que negocien con nuestro derecho a circular, a trabajar y por sobre todas las cosas, a vivir con libertad, en el marco de la ley, y basándonos en el respeto mutuo.
Asunción, 20 de abril de 2022